Investigación científica de la UdeC ayuda a inhibir mortandad de abejas

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*Se trata de la adición del párrafo 196 BIS al Código Penal para el Estado de Colima, que fue posible gracias a la colaboración entre los investigadores José Manuel Palma y Elvira Silva y el diputado Alfredo Álvarez.

Fue el fipronil, un insecticida prohibido en Europa y Estados Unidos, el causante de la muerte de más de 48 millones de abejas en Armería y Tecomán, tan sólo en 2022, según se desprende de una investigación realizada por los científicos José Manuel Palma García y Elvira Silva Jiménez, de la Universidad de Colima, y cuyos resultados aportaron la base científica a la adición del párrafo 196 BIS del Código Penal para el Estado de Colima, con el cual se tipifica ya el delito contra la apicultura.

Con esta modificación a la ley, Colima se convirtió en el segundo estado, después de Quintana Roo, en penalizar la muerte de abejas con plaguicidas y herbicidas.

Sin embargo, la situación no es tan sencilla, como reconocieron en entrevista el investigador José Manuel Palma García y el diputado local Alfredo Álvarez Ramírez, pues el fipronil se utiliza para controlar plagas como la del mayate o picudo prieto, que afecta severamente las plantaciones de coco en el estado. Los productores, comentó José Manuel Palma, “están desesperados por controlar la mortandad de palmeras, para lo cual están utilizando una infinidad de insecticidas, entre ellos el fipronil”.

El fipronil afecta el sistema nervioso central de los insectos. Las abejas, entonces, pierden el sentido de orientación, revolotean en círculos, se quedan cercan de la colmena, y caen al suelo formando un tapiz; “no saben qué pasa, o bien se juntan abejas de colmenas diferentes y hacen una sola masa porque están perdidas y tratan de sobrevivir”, explicó el Dr. José Manuel Palma.

En agosto de 2021, cuando se presentó una gran mortandad de abejas en Tecuanillo, los investigadores Palma García y Silva Jiménez se interesaron por la situación a través de la petición del productor afectado, quien envíó muestras al laboratorio para que les aplicaran el método QuEChERS, con el que es posible diferenciar más de 600 moléculas. La conclusión fue que la mortandad se debía al fipronil, no a enfermedades.

Comenzaron entonces una campaña de sensibilización sobre la importancia que tienen las abejas en la polinización. Además, advirtieron del problema a las autoridades e hicieron una denuncia pública, pero lograron avanzar muy poco. Después, recuerda José Manuel Palma, el 15 de julio de 2022 recibieron un mensaje en video de apicultores de Armería, en el que les decían que se estaban muriendo las abejas, muchas, que había un tapiz de abejas muertas.

Entonces, Palma García y Elvira Silva, por parte de la Universidad de Colima, hicieron el muestreo en diferentes apiarios; “enviamos las muestras al laboratorio, donde se aplicó la misma metodología QuEChERS; de manera paralela, alertamos a las autoridades, a la Subsecretaría de Desarrollo Rural, a la Secretaría de Agricultura, al IMADES (Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable), y también nos pusimos en contacto con el diputado Alfredo Álvarez Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; se les informó de la muerte masiva de las abejas y se invitó también a los agricultores a conocer la situación, desde un principio”.

Los apicultores, recuerda Palma García, “estaban desesperados porque tocaban puertas y ninguna se abría; Alfredo fue el único que nos atendió y apoyó en esta primera parte en el muestreo de abejas muertas, porque inclusive el costo de los análisis químicos, que es alto, uno de ellos lo pagó Alfredo y los otros lo gestionamos desde la Universidad (alrededor de cinco mil pesos por análisis); en el segundo estudio sobre material vegetal, suelo y agua hubo más apoyo y la Universidad tuvo un papel preponderante, porque era muy importante, ya que no sólo se trataba de un problema social, sino también económico”. El diagnóstico, igual que antes, señaló nuevamente al fipronil.

Para descartar toda duda, ese segundo estudio consideró muestras de plantas de limón, de papaya y coco, que eran los árboles más relacionados con el problema, sobre todo del cultivo de palma enana de coco verde. Se tomaron muestras del agua, del suelo, incluso de los frutos tiernos con gutación, que son las pequeñas gotas que brotan de dichos frutos.

El fipronil, una vez aplicado, explica el investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, “puede tener de 100 hasta 350 días de residualidad, con una sola aplicación; además, su acción se incrementa a medida que pasa el tiempo; también puede afectar al ser humano y a otros polinizadores, que es lo grave del asunto; en Armería hay árboles nativos que no pudieron ser polinizados. Es un daño poco conocido, poco valorado y poco documentado”.

El problema era que no podía procederse de manera legal porque este tema no estaba tipificado, a pesar de que existe la ley de apicultura y de que hay un código penal; no había una correspondencia que permitiera tipificar estas acciones como delito. Por eso, junto con el diputado Alfredo Álvarez, los científicos universitarios se dedicaron a explorar formas de solucionar este problema; fue así como dieron con Quintana Roo, donde ya existía legislación al respecto.

Gracias a este trabajo de búsqueda, dijo el diputado Alfredo Álvarez, fue posible llegar a la adición del Artículo 196 BIS del Código Penal para el Estado de Colima sobre delitos contra la apicultura; “estaba la ley apícola desde el 2008, pero había un vacío legal, porque en su artículo 54 dice que todo aquel que robe, adultere o dañe una colmena será sancionado por el código penal, pero en ese código no había nada, por eso la Fiscalía no procedía, porque el asesinato de abejas no estaba tipificada como delito”.

Desde ahora, y una vez publicado el dictámen en el Periódico Oficial El Estado de Colima, “con el 196 BIS cualquier robo o asesinato por herbicidas va a ser atendido por una mesa y la Fiscalía hará la investigación correspondiente, igual que cuando alguien roba un carro, y las sanciones van de 2 a 8 años de prisión y de 20 a cien días de salario mínimo de multa”.

Este agregado a la ley, destacó, “es importante porque el tutelaje mayor es la vida, que ya no esté por encima lo económico; hay que separar la vida de la economía y poner por delante el medio ambiente, la parte social y después la economía”.

La nueva adición, aclaró Alfredo Álvarez, “no es retroactiva; no buscamos castigar, sino inhibir, que ya no se repita esta situación; aquí también debe involucrarse el Estado, la Subsecretaría de Desarrollo Rural, trabajar en el tema de educación ambiental y buscar alternativas agroecológicas, que las hay; nosotros estamos impulsando una nueva ley agroecológica, que enmarca perfectamente con todo esto y en la cual la Universidad ha sido parte importante”.

José Manuel Palma habló también de la labor de sensibilización hacia el tema del medio ambiente que realiza la facultad donde trabaja; “La universidad está asumiendo un papel de liderazgo y también de informar a la sociedad. Hay que Informar y educar, porque necesitamos que las autoridades respectivas conozcan también las implicaciones de cómo funcionan estos insecticidas químicos y la importancia que tienen las abejas”.

Se necesitan concentraciones de tres nanogramos, dijo el investigador, para que el fipronil sea tóxico, y en los frutos rociados con esta sustancia llega a ser de 92 y en el suelo hasta de 2 mil 700 nanogramos; “en la Universidad estamos desarrollando métodos de tipo agroecológico, de bajo costo, que sean fáciles de aplicar y además estamos proponiendo que se hagan manejos integrales de las plagas; esto es, que todos los productores apliquen métodos ecológicos iguales y en un mismo momento; la ventaja es que los agricultores sí están interesados en productos más naturales, máxime si podemos encontrar soluciones desde la investigación que además sean baratas”.

Finalmente, dijo que publicarán esta información en revistas “porque es importante que el país conozca esta situación, pero no sólo nos quedamos en la publicación científica sino en la sensibilidad social y en acercarnos a los diputados; tenemos la fortuna de que Alfredo Álvarez nos buscó para acercarnos a la parte de producción agroecológica y acompañar el proceso, y en esa interacción que hemos tenido también se vio la posibilidad de plantearle esta propuesta y que él fuera sensible a que lo lográramos. Estamos satisfechos de que la ciencia y la casa de estudios apoyen a la sociedad, a través de sus representantes populares”.

La adición al Artículo 196 BIS dice así: “el que se apodere de una o más colmenas que contengan una colonia de abejas con panales, miel o material apícola, sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ellas conforme a la ley, se le impondrá de dos años a ocho años de prisión y de veinte a cien días de multa. En el supuesto a que se refiere la fracción II, cuando la destrucción de colmenas, miel, abejas, panales y productos apícolas se derive del uso y aplicación de plaguicidas y herbicidas, el cual genere perjuicio al patrimonio del productor y que éste sea superior a quinientos días multa, se aumentará hasta una mitad más de la pena que le corresponda.” Las mismas penas se aplicarán a todo lo que antes ya establecía esta ley.

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