Necesario una reforma para que haya consecuencias legales en contra del desvío de recursos en el Poder Judicial: Pablo Navarrete

Al señalar que el en su informe el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) en Colima, se registró el uso de 24 millones de pesos de manera injustificada por el Poder Judicial en el 2021, Pablo Navarrete Zamora, secretario nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), precisó que es necesario que se dé una reforma tanto en lo federal como en lo local para que los desvíos de recursos tengan consecuencias legales.

Y es que dijo, que estos 24 millones de pesos que no están justificados fueron durante el periodo en que Bernardo Salazar Santana fue magistrado presidente, pero únicamente podrá ser “observado”, pero no hay consecuencias legales al respecto.

“En plena pandemia, cuando no había dinero, el anterior presidente del Supremo Tribunal de Justicia, compró camionetas nuevas, entre otros gastos injustificados”, refirió.

Aunado a ello, externó, no tienen un órgano interno de control en el tema de las finanzas, tienen mucha deficiencias en el Poder Judicial en las que tienen que trabajar, sobre todo ver qué pasó con esos 24 millones de pesos.

Sin embargo, de acuerdo a la Constitución Política tanto local como federal, el Poder Judicial no puede ser juzgado, existe una laguna legal en ese tema, pues nada más puede ser observado, pero no tiene una consecuencia legal.

Es por eso, reiteró, que urge una reforma tanto federal como local para que, ante el mal manejo de los recursos públicos, exista una consecuencia jurídica.