Quod scripsi, scripsi Horacio Archundia RIULT RIVERA: AHORA O NUNCA.

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Luego de difundirse las propuestas de sanciones para algunos integrantes del gabinete del ex gobernador Mario Anguiano, y para el propio ex mandatario, en las que se incluyen inhabilitaciones para ocupar cargos públicos y devolución de grandes cantidades de dinero, viene la etapa decisiva de este proceso administrativo resarcitorio emprendido desde la Legislatura del Estado. Conocido el dictamen del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, viene la parte más difícil del procedimiento: y es, que la Comisión de Responsabilidades del Congreso, de forma cuidadosa, responsable, cautelosa y profesional, emita una resolución que deberá ser aprobada por el pleno. Esa Comisión es presidida por el joven Diputado Riult Rivera, que ha demostrado una gran disposición para aplicar justicia en este tema y que tiene en sus manos la salud financiera de la administración estatal y la jurídica de los órganos de gobierno de la entidad. Si el Diputado Rivera se descuida podría fallarles el proceso y todo se vendría abajo, con el costo político que eso representa. Es ahora o nunca: el Diputado Riult Rivera debe trabajar con un equipo especializado en Derecho que evite cualquier hendidura legal por donde puedan protegerse los acusados. Aunque en esa lista sigue figurando alguien – el regidor porteño Fernando Morán-, que no tiene responsabilidad evidente, pero que fue incluida por “algo” que causa extrañeza: la venganza política. En estos momentos, la pregunta general entre los colimenses es algo sin respuesta: ¿Cómo es que desde hace dos años viene diciéndose que hay desvíos o malversación por más de dos mil millones de pesos y apenas se menciona que serán llamados a devolver nada más 170 millones? Por otra parte, nos gustaría que de aplicarse la sanción de devolución de los recursos presuntamente malversados, se publique el momento formal, legal, de la entrega de los mismos. Porque durante décadas los diputados del pasado han difundido sanciones que nunca se aplican y los que se roban dinero público ni lo regresan ni se apuran. Andan en la más completa impunidad tan campantes por la calle que los ciudadanos ya no creemos esos castigos en los que se arreglan políticamente los partidos con sendas mochadas y “perdones” alineando rebeldes para ganar de nuevo las elecciones. Es de desearse que de verdad, a quien se le compruebe algo, que lo metan a la cárcel o que regrese lo que tomó indebidamente. En las circunstancias actuales, la mejor forma de respetar a los ciudadanos, es respetando el dinero que aportan para el sostenimiento del Estado. Nunca hemos visto a ninguno de los muchos corruptos mencionados por décadas, devolver el dinero que desde el Congreso se dijo que reintegrarían a las arcas públicas. Está en un dilema el Diputado Riult Rivera: impartir justicia con seriedad y ganarse a los ciudadanos, o negociar como es costumbre de muchos, y dejar ir a los ladrones por el camino de la impunidad. Lo peor que nos puede pasar a los colimenses es que nos vean la cara de nuevo como otras legislaturas lo han hecho. Por ahora, nos preocupan sobremanera las declaraciones del Diputado Rivera al reportero Juan Carlos Flores, del portal Colimanoticias.com, a quien le dijo que las propuestas del Osafig: ““son propuestas, son presunciones, no es nada firme jurídicamente hablando, pero en la Comisión de Responsabilidades se habrá de realizar el estudio correspondiente y se decidirá si le corresponde la sanción y si fueron culpables y si no lo fueron”.
ATINADA PROPUESTA DE GRETEL CULIN. El martes, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la legisladora colimense Gretel Culin presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de Decreto, por medio de la cual pretende reformar los artículos 51 y 52 de la Ley General de Protección Civil, con el objeto de que cada entidad federativa, incluya en su presupuesto de egresos de cada año de ejercicio fiscal, una partida presupuestal destinada a cubrir las necesidades de operación de los Grupos Voluntarios de Protección Civil. La Ley General de Protección Civil, contempla en su capítulo X, a los grupos voluntarios, como una organización de ciudadanos para desarrollar actividades especializadas en materia de protección civil, tales como tareas de rescate y auxilio, combate de incendios, administración de albergues y centros de acopio, servicios médicos de urgencia, entre otros. Sin embargo, dicha legislación no contempló un mecanismo de financiamiento gubernamental para estas agrupaciones, cuando así lo requieran, resultando necesario que exista en la legislación general la obligación para las entidades federativas de contemplar financiamiento público, a fin de que puedan realizar subencomienda, máxime que para obtener la calidad de grupos voluntarios de protección civil, debieron pasar por un proceso de registro, siendo necesario que dichos grupos reciban recurso de los estados, esto previa justificación de sus necesidades. Por lo anterior es que resulta necesario que en los Presupuestos de Egresos Estatales, se incluya una partida que específicamente sea destinada a estos Grupos Voluntarios de Protección Civil, a fin de que estos cuenten con los recursos necesarios para que sean dotados del material, equipo, herramienta ycapacitación que se requiere para el trabajo que desempeñan y que es de reconocerse, logrando así una mejor respuesta ante cualquier eventualidad. Dicha iniciativa tiene por objeto primordial, realizar una revisión y adición en materia legislativa con la finalidad de considerar que todos los Estados del País y la Ciudad de México, otorguen recursos de forma obligatoria a los grupos voluntarios de protección civil, y que estos recursos los consideren en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal. Como se recordará, año con año los bomberos, la cruz roja, las asociaciones de rescate y grupos de asistencia y protección civil, tienen que andar suplicando la ayuda oficial como si sus servicios fueran cosa menor. Por ende, la propuesta de la diputada Culin Jaime, encontrará eco y pronto veremos que a los ayuntamientos y al Estado se les instruirá legalmente a apoyar con recursos permanentes sobre todo a sus cuerpos de protección civil.
BAJO SOSPECHA. Un aspirante a un cargo de elección popular, que trabaja en el ayuntamiento, es de los que ha sido dos veces señalado por grandes irregularidades debido a malversación de fondos públicos. Una vez como funcionario en Villa de Alvarez, y esta vez en Manzanillo. Y nadie, absolutamente nadie, desde el Congreso del Estado, ha pedido ni que lo quiten del cargo, ni que devuelva lo que desvió o mal utilizó. ¿Será porque es panista, diputados Martha Sosa, Gabriela Sevilla, Edith Velázquez, Alejandro García?
POR HOY, BUEN DÍA.

 

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