Cuba abre la industria de petróleo y gas a empresas privadas nacionales e inversores extranjeros

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El Gobierno cubano ha aprobado una nueva legislación que permitirá a empresas privadas nacionales y compañías extranjeras participar en la exploración, extracción y comercialización de petróleo y gas, actividades consideradas estratégicas para la economía de la Isla y que hasta ahora han estado sometidas a fuertes restricciones.

La apertura está recogida en el Decreto-Ley 135 y su Reglamento, el Decreto 184 de 2026, publicados en la Gaceta Oficial Ordinaria número 85. Ambas disposiciones entrarán en vigor este 19 de octubre y establecen nuevas modalidades de contratación para atraer capital, tecnología y recursos destinados a una industria que necesita inversiones para recuperar su capacidad productiva.

Una de las principales novedades es que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cooperativas no agropecuarias y las empresas privadas de más de 100 trabajadores podrán solicitar concesiones para explorar y explotar yacimientos de hidrocarburos en territorio cubano.

El artículo 13 del Reglamento reconoce expresamente esa posibilidad, aunque la participación privada no será automática. Las entidades interesadas deberán demostrar que cuentan con los conocimientos, medios técnicos y condiciones necesarias para desarrollar operaciones petroleras, además de obtener las autorizaciones correspondientes.

La Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) tendrá un papel fundamental en la evaluación de las solicitudes, mientras que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) intervendrá en el proceso de aprobación.

Para que una empresa privada pueda ejercer directamente estas actividades será necesaria la autorización del Consejo de Ministros, previa aprobación del Consejo de Estado.

Incluso después de acreditar su capacidad técnica ante la ONRM, las compañías no tendrán garantizada una concesión. La decisión final dependerá de los procedimientos establecidos y de la evaluación estatal de cada proyecto.

El alcance de la reforma va más allá de la extracción de crudo. El marco jurídico contempla oportunidades de participación en diferentes etapas del negocio, incluidas la refinación, el almacenamiento, el transporte y la comercialización de combustibles, siempre de acuerdo con las condiciones previstas para cada actividad.

Sin embargo, la apertura no implica la privatización de los yacimientos. El Decreto-Ley 135 mantiene que los recursos de petróleo y gas son de “propiedad socialista de todo el pueblo”, de modo que las empresas autorizadas podrán obtener derechos para desarrollar determinadas operaciones, pero no adquirirán la propiedad de esos recursos.

También se preserva el control estatal sobre infraestructuras consideradas estratégicas, entre ellas refinerías, pozos e instalaciones de almacenamiento sujetas a ese régimen.

La reforma forma parte de una serie de decisiones anunciadas durante los últimos meses para ampliar la participación del sector no estatal en actividades anteriormente restringidas.

El 18 de junio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó ante la Asamblea Nacional el paquete de 176 medidas económicas que incluía la incorporación de capital privado y extranjero a la importación y comercialización de combustibles, incluso en la red minorista.